La Ley 27.675 establece que las personas con VIH y/o Hepatitis podrán recibir una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Cuáles son los requisitos a cumplir.
Personas con VIH y hepatitis virales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica ya pueden tramitar la pensión no contributiva y la cobertura de salud que prevé la Ley 27.675, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), se informó oficialmente.
Así quedó establecido con la Circular 19/23 de Anses, que fijó los criterios operativos para garantizar este derecho contemplado en la Ley 27.675 de Respuesta Integral para personas con VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, sancionada en junio pasado.
Requisitos
La Ley Nº 27.675 declaró de interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial al VIH, las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual, lo que llevó a que se cree un Régimen de Jubilación Especial y una pensión no contributiva vitalicia con alcance nacional.
Para otorgar la pensión, ANSES hará una evaluación en base a los siguientes parámetros:
- La persona solicitante y su grupo familiar no deberán poseer ingresos mensuales superiores al valor de tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
- La persona solicitante no deberá tener ingresos mensuales derivados de actividad laboral superiores al valor equivalente de un Salario Mínimo Vital y Móvil.
- Se entenderá como ingresos a las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia registrados, las rentas de referencia para trabajadores autónomos y monotributistas y a las sumas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas nacionales, provinciales o municipales.
Los Programas Sociales, Programas de Capacitación y Empleo, Prestaciones por Desempleo que otorgue el Estado no se contemplarán para el cálculo de ingresos.
La ANSES podrá solicitarle a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la información necesaria para determinar si el solicitante reúne la condición de vulnerabilidad social para acceder a la prestación. La persona interesada será informada sobre si cumple o no con los requisitos para obtenerla.
