La cantidad de beneficios pasó de 1,6 millones a 12,12 millones; en el gobierno de Alberto Fernández el gasto se duplicó.
Los programas sociales en la Argentina –incluidos los de los distintos ministerios y los que paga la Anses– pasaron de representar 0,1% del producto bruto interno (PBI) en 2002 al 4,5% en diciembre del año pasado. En estos 20 años, la cantidad de beneficios pagados saltó de 1,6 millones a 12,12 millones, con un aumento del 657,5%, aunque cabe aclarar que una persona puede estar cobrando más de un beneficio, debido a la superposición de planes entre las distintas reparticiones. En el gobierno de Alberto Fernández, la cantidad de planes creció 18,6%, pero el monto más que se duplicó.
Los datos surgen de un trabajo de la consultora Idesa, dirigida por Jorge Colina, sobre la base de la ejecución presupuestaria de cada año. En millones de pesos a precios de diciembre de 2021, los fondos totales de los planes crecieron de $18.877 millones a casi $2 billones.
En los 20 años analizados por Idesa, el Ministerio de Desarrollo Social gestionó una docena de programas y/o acciones compensatorias; algunos se mantuvieron en el tiempo y otros fueron reemplazados o cambiaron de nombre, pero siempre el eje es la transferencia monetaria. En millones de pesos a precios de 2021, el dinero involucrado en los giros de esa cartera creció 3373%, de $15.037 millones a $522.369 millones.
En cambio, el Ministerio de Trabajo gestiona dos programas –acciones de empleo (Jefes y Jefas de Hogar) y capacitación– y redujo el volumen de dinero administrado, que pasó de $17.836 millones en 2001 –siempre a precios de 2021– a $17.134 millones. En ese período tuvo un pico de recursos en 2010, con $338.281 millones. La explicación de la caída es que después de ese año, los planes incluidos en el segmento “acciones de empleo” pasaron a la órbita de Desarrollo Social.
Las pensiones no contributivas (PNC) las paga la Anses, pero corresponden a Desarrollo Social. Entre 2001 y 2021 saltaron de 76.000 a más de un millón (del 0,2% de la población al 2,4%). Para Idesa, ese crecimiento, “sin haber mediado ninguna catástrofe natural ni una guerra”, parece indicar que hubo “discrecionalidad y fraude”.
Los programas no contributivos de la Anses arrancaron en 2005 con la instrumentación de las moratorias previsionales; en 2009 se sumó la Asignación Universal por Hijo (AUH) –que según aclaran los expertos no es estrictamente un plan social, dado que la pueden cobrar trabajadores en actividad– y en 2014, el Plan Progresar.
Para la AUH, el monto de dinero destinado aumentó 76,7% entre 2010 y 2021; 150% fue el incremento para el caso de jubilaciones otorgadas a través de moratorias.
Jorge Colina, director de Idesa, advirtió que las jubilaciones sin aportes completos representan el 80% de los beneficios que paga la Anses, y definió como “transversalidad política” el interés de otorgarlas, en referencia a que gobiernos de distinta orientación aplicaron ese recurso. Con datos de 2021, hay 3,5 millones otorgadas con las moratorias y 800.000 duplicadas con una pensión por sobrevivencia. Generan un gasto público equivalente a 2,4% del PBI.
Al analizar la cantidad de beneficios hay que tener en cuenta que una misma persona puede recibir más de uno. Por ejemplo, la AUH puede estar acompañada por la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo. El total de beneficios pasó de 1,6 millones en 2002 a 12.120.000 en diciembre de 2021. Es decir, un aumento de 657,5%.
Entre 2002 y 2010, según el análisis de Idesa, la suba en la cantidad de beneficios fue de 369,2% (de 1,6 millones a 7.508.000) y entre 2010 y diciembre pasado, el alza fue del 61,4%. En los últimos dos años, durante la administración de Alberto Fernández, el incremento fue de 18,6% (pasó de 10.218.000 a 12.120.000), pero el monto más que se duplicó: de $961.253 millones a 1,979 billones.
En los beneficios dependientes de Desarrollo Social, el aumento entre 2001 y 2021 fue de 275% (hoy son 3 millones); los del Ministerio de Trabajo cayeron 85% (120.000 beneficios), y las prestaciones de la Anses crecieron 95,6% entre 2010 y 2021. Pasaron de 4,6 millones a 9 millones.
Colina insiste en que si bien la Anses es el organismo que más recursos distribuye, el mayor crecimiento se dio en Desarrollo Social con la Tarjeta Alimentar, el plan Potenciar Trabajo y las pensiones no contributivas: “A lo largo del tiempo van cambiando de nombre o reemplazándose. Esta gestión ‘soltó la canilla’ a ese ministerio y se empezaron a multiplicar. Es complicado empezar a ordenar y restringir en un entorno de estancamiento y alta inflación”, afirmó el experto.
Se consultó a Desarrollo Social sobre la evolución en la cantidad de beneficios, sobre cuántos en promedio tiene una persona y la antigüedad media de la asistencia. La respuesta fue que “cada programa tiene un objetivo”, por lo que un beneficiario de AUH con hijos menores de 14 años cobra el Alimentar y “podría tener un programa Huerta, un Sembrar, o haber recibido maquinarias para trabajar”.
Especialistas en gasto social admiten que no existe una evaluación de cuánto gasto en gestión y/o administración insumen los planes sociales. Incluso es complicado encontrar una cuantificación del impacto en los niveles de pobreza e indigencia, o los mecanismos de distribución directa o a través de organizaciones sociales y punteros, con lo que esa práctica puede implicar como manipulación política de la ayuda.
